La búsqueda de la verdad y la Justicia que inspiró nuestra acción (Raúl Ricardo Alfonsín)

La búsqueda de la verdad y la Justicia que inspiró nuestra acción estuvo definida por las siguientes premisas:



1) La violencia que tiño de sangre la década de los años ´70 fue potenciada por un terrorismo de izquierda que, con una visión elitista de la transformación social, no reparó en cometer los más aberrantes delitos en persecución de un programa acción demencial.

2) El combate armado a ese terrorismo de izquierda con el uso de fuerza proporcional a la amenaza inminente estaba moral y jurídicamente justificado, pero no lo estaban de ningún modo el secuestro, la tortura y el asesinato clandestinos. En ningún caso se justificaba acudir a la misma metodología del terrorismo para combatirlo. En definitiva, eran los principios que se alegaba defender los que resultaban vencidos a través de ese accionar.

3) Los actos más atroces cometidos por uno y otro tipo de terrorismo debían ser juzgados por una Justicia independiente y, si así ella lo decidía, penados, no tanto con fines de retribución sino con el objetivo preventivo de que nunca más grupos de individuos con acceso a las armas supusieran que estaban por encima de la ley y pudieran decidir impunemente sobre la vida y la muerte, la integridad física, psíquica y moral de sus semejantes.

4) Como ya lo señalé, ese objetivo debía cumplirse sin arriesgar la estabilidad de las instituciones democráticas, que es la mejor garantía contra la recurrencia de episodios análogos. Ello requería tanto una limitación del tiempo de los procesos como del universo de responsables.

Queda claro, entonces, que todas las iniciativas dirigidas tanto a promover como a limitar los procesamientos y las responsabilidades estuvieron determinadas por los objetivos enunciados de prevenir la repetición de episodios atroces en la medida necesaria para no poner al mismo tiempo en peligro la estabilidad del marco institucional.

Aquellos que critican nuestras iniciativas para limitar el juzgamiento y eventual condena a los responsables adoptan una concepción absolutamente retributiva de la pena, según la cual es un deber moral penar todo delito y, si no se lo hace, se comete una injusticia tal que no puede ser compensada por ningún otro beneficio social.

Para quienes, por el contrario, sostenemos que esta concepción de la pena es difícil de justificar desde un punto de vista racional: las prácticas punitivas se justifican moralmente en tanto y en cuanto sean eficaces para prevenir que la sociedad sufra males mayores.

Nuestro sentido común parece apoyar posiciones que tengan tanto en cuenta la vinculación entre el hecho criminal en sí mismo cometido por el agente con discernimiento y voluntad y el merecimiento de la pena, por un lado, así como las consecuencias sociales de aplicar esa pena, por el otro.

Sería irracional imponer un castigo cuando las consecuencias de esa imposición, lejos de prevenir futuros delitos, podrían promoverlos o causar perjuicios sociales mayores que los que ha causado el propio delito o su no punición.

La pena es en última instancia un instrumento, no el único ni el más importante, de formación de la conciencia moral colectiva.

Tanto la revelación de la verdad por medios fidedignos, como lo es un proceso judicial imparcial, como la condena moral sirven, al igual que la imposición de penas, para que se internalice a través de la reflexión pública cuáles son los límites de las conductas que la sociedad está dispuesta a aceptar. Por supuesto que para ello las leyes que prevén las penas a aplicar deben ser legítimas y no parece haber otra fuente de legitimidad que la que surge de la discusión y decisión democráticas, que aseguran la imparcialidad determinada por la consideración igualitaria de todos los intereses y opiniones en conflicto.

Otro punto de vista, consiste en sostener que, dado que la responsabilidad por este tipo de hechos está tan extendida, ya que comprende no sólo a los miembros de los grupos terroristas sino también a toda la sociedad que incitó, encubrió o simplemente silenció los hechos en cuestión, ella finalmente se diluye. Aunque es obvio que no todos fueron responsables, y aun entre quienes sí lo fueron, existen distintos grados de responsabilidad.

Pero las teorías no meramente retributivas de la justificación de la pena admiten que se renuncie a penar a responsables de acuerdo a consideraciones como las consecuencias para la sociedad. Es importante señalar que esa renuncia no se hace en reconocimiento del presunto derecho de la persona beneficiada por ella, y en consecuencia no hay una exigencia de igualdad de extender a todos quienes se encuentran en la misma situación.

Las medidas adoptadas tanto para permitir, impulsar y circunscribir el juzgamiento y eventual condena de las aberrantes violaciones a los derechos humanos no estuvieron inspiradas ni por un resentimiento o espíritu de venganza ni por un juicio complaciente, sino por el firme propósito de afianzar la vigencia de los principios éticos que constituyen el fundamento del Estado de Derecho y del sistema democrático.



Extraído del capítulo “derechos humanos” del libro “Democracia y Consenso” de Raúl Alfonsín, marzo de 1996. Trascripción Correligionario Merlo.

Acerca de la Violencia - (Sergio Karakachoff)

"El propio Presidente de la Nación sostuvo hace pocos días en Puerto Iguazú, en el confín de la República, que en Argentina rigen plenamente los Derechos Humanos, denunció también una campaña de difamación contra nuestro país en el exterior.

Cabe frente a esto preguntarse: ¿Quiénes difaman? ¿Los que matan o los que denuncian las muertes?

La preocupación del General Videla es loable, pero requeriría un mayor empeño –y no decimos que no lo haya, pero es obviamente insuficiente- para aprehender a los culpables del desprestigio internacional del país y de la conculcación evidente de los Derechos Humanos.

La necesidad de frenar el deterioro de la confianza ciudadana mediante una firme conducción, que devuelva al Estado la plenitud de los atributos que lo caracterizan, ha sido reiterada desde diversos medios de opinión. Y ninguno de ellos puede siquiera ser sospechado de concomitancia política o ideológica con la otra forma de terrorismo.

Esta coincidencia de criterios surge de la atenta lectura de sendos discursos del Presidente, 30 de marzo ("sólo el Estado habrá de monopolizar el uso de la fuerza"); del comandante de Aeronáutica, Brigadier Agosti ("que el monopolio de la fuerza sea ejercido por el Estado y puesto al servicio de los intereses permanentes de la Nación") y –en definitiva- del jefe supremo de la Marina de Guerra, que en posterior declaración hizo suyos los conceptos del titular de la Aeronáutica.

Todos de acuerdo en los conceptos. Falta que las acciones se encaminen a la concreción de los mismos. Es el clamor popular. Es la única salida. Caso contrario nadie tiene derecho a quejarse de pretendidas campañas difamatorias.

Por otra parte, la falta de difusión de diversos hechos –y los nombres que no se han dado de los muertos de Pilar son unas entre tantas omisiones- pone una sombra de dudas sobre el real propósito del gobierno de terminar con esta lacra. ¿Por qué no se publican estos datos?

¿A quién se beneficia con el silencio? Sería bueno que el Presidente de la Nación dedicara aunque más no fuera, breves conceptos a responder estas acuciantes preguntas. Los ex legisladores de la UCR han aparecido. En un confuso episodio se los rescata por parte del Gobierno, de manos de delincuentes a los doctores Solari Yrigoyen y Amaya. Y como corolario de este lamentable episodio, ambos son arrestados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

¿Quién los tuvo? ¿Para qué los tiene ahora? ¿No los rescataron de manos de delincuentes? Esperamos también una respuesta a esto.

El secuestro de los ex legisladores de la UCR, Hipólito Solari Yrigoyen y Mario Aabel Amaya, juntamente con la aparición de 30 cadáveres dinamitados en la localidad de Pilar, a pocos kilómetros de la sede del Gobierno Nacional, han sido los picos fundamentales de la escalada terrorista de los últimos años.

Pero hay otro que nunca ha tenido baja alguna, ni mucho menos aún, siquiera un apresado o detenido. Y no cabe duda que este terrorismo hace más daños al país que el otro, el definido y perseguido. Porque aquél –el que secuestra a los legisladores radicales, entre otras muchas personas-, es el que siembra la duda sobre la real acción de las Fuerzas Armadas y de Seguridad a favor del orden y la paz perturbadas.

Recientemente, el Episcopado Argentino se ha reunido, con la presencia del representante papal, para pedirle el esclarecimiento de los hechos que también han costado la vida de varios sacerdotes en Buenos Aires y La Rioja, y también para manifestar todos los hechos similares ocurridos en el país."



* Artículo redactado por Sergio días antes de ser asesinado, y publicado en el N° 2 de "La Causa".

...y don Marcelo cruzó la planchada, grave el gesto, altiva su mirada y solemne todo él (Mario M. Guido)

De pronto, como a las 10, corrió una orden:”todo el mundo listo en diez minutos, para trasladarse al Golondrina”. La repetían los mozos de a bordo, y algunos comedidos. ¡Cómo! ¡Diez minutos! ¿qué es eso? ¿Estaban militarizados? ¿Nos manejaban como a tropa? Alvear, que iba o salía del baño, oyó eso o se lo dijeron; el caso es que lanzó una violenta y sonante protesta a base de unos carazos que hacían crepitar los pasillos. Lo cierto es que empezábamos a sentir el despotismo del lenguaje militar. El Golondrina se apareó al Artigas, nos acercamos todos a la planchada que se improvisó, y empezamos el trasbordo, valija en mano y por orden de llamada. Un oficial de la Armada, cantaba los nombres de una lista. Era el recibo de los “presos”. Amontonados en el avisito éramos 98; empezamos a vislumbrar el porvenir. ¡A la isla! Vieja conocida del radicalismo que albergó durante la dictadura a Yrigoyen, 18 meses; y a Alvear y Güemes, cuatro meses y medio. ¿Habría lugar para tantos, ahora? Entre conjeturas y preguntas, despegó el Golondrina y puso rumbo, dando una larga vuelta, al muellecito de acceso. Pasadas las doce, atracábamos. El señor jefe de la Isla, no está en el muelle. Decididamente, no nos ha considerado muy ilustres. Hay un teniente de navío, que dicen que es el 2º jefe. Un camión con marineros armados a máuser con bayoneta calada y dos camioncitos vacíos. Empieza otra vez la entrega y recibo de los “presos”; desde tierra nos llaman por lista. Parte el primer camión con quince, detrás el camión armado y por último el tercer camión con las valijas. Quedamos esperando largo rato, coligiendo que el alojamiento debía estar lejos de la costa. Alguien averiguó que en la noche habían llegado de Buenos Aires “comodidades” para ciento cincuenta y que toda la noche se había trabajado en la preparación de nuestro alojamiento. Todos nos preguntamos si a Alvear también lo conducirían en el crujiente camioncito. No podíamos admitir que se guardara tan poca distinción a un ex presidente. Pronto salimos de la duda. En la tercera tanda gritó el oficial: ¡Marcelo T. de Alvear!, y don Marcelo cruzó la planchada, grave el gesto, altiva su mirada y solemne todo él, como enfrentando la grosera humillación en silenciosa pero altanera protesta. Todos le aplaudimos hasta que llegó al camión. Y en silencio recogido, le vimos apoyar su bastón contra una tabla o banco, abordar con cierta dificultad el carromato, rechazando a los que, ya adentro, hacían ademán de ayudarle.



Mario M. Guido, extractado de su libro “Memorias (1935 - inédito). Trascripción Correligionario Merlo.