Es justo reconocer que, aun en medio de las más graves crisis, prevaleció a lo largo de los últimos años el instinto de preservación de la democracia recuperada, la reconstrucción de sus valores fundamentales y la noción del estado de Derecho. Si es así, estaríamos retomando el camino iniciado en 1983, alejándonos definitivamente del “país al margen de la ley” que tanta violencia y muerte produjo en la Argentina, y consolidando la democracia, en resguardo de la libertad y en la búsqueda simultánea de la igualdad.
La consolidación de la democracia requiere de la vigencia de los derechos y garantías contemplados en la Constitución nacional. Muchos políticos, periodistas y opinadores volvieron recurrentemente sobre la cuestión al hablar de la necesidad de proteger los derechos humanos de las víctimas de la inseguridad, contraponiéndolos a los derechos humanos de los posibles victimarios, pretendiendo que se desconozcan las garantías procesales de los sospechosos, como si éstos no tuvieran el derecho de defensa, el beneficio de la inocencia y el de la duda, consagrados en el artículo 18 de la Constitución nacional. Sigo creyendo en aquella teoría de Sócrates de que es mejor padecer la injusticia que cometerla. En este sentido debemos advertir sobre los riesgos que vuelven detrás de demandas y ofertas de orden y seguridad que se asemejan a los discursos que abrieron el camino al horror. La preocupación debe ser mayor cuando estas expresiones de intolerancia se manifiestan electoralmente a través del apoyo a candidatos identificados con la violación de los derechos humanos.
Siempre es útil recordar cómo se perdió la democracia en nuestro país; recordar también hasta dónde una parte de la sociedad pudo resistir, encontró los canales de expresión o prestó su consentimiento en lo que pasó durante los años de violencia política y más específicamente durante la última dictadura militar. No admito que todos tengamos la misma responsabilidad, ni del mismo grado ni del mismo tipo, porque hubo algunas personas, civiles y militares, que fueron especialmente responsables en los hechos atroces que se cometieron y fundamentalmente en la degradación del estado de derecho, en el sostenimiento de la última dictadura militar, defendiéndola en los medios de comunicación, en los organismos internacionales de crédito o en las Naciones Unidas. Me producen un fastidio especial las actitudes de quienes se beneficiaron económicamente con la represión y el “orden” impuesto por la dictadura y luego se colocaron con una gran arrogancia en el lugar de fiscales de la República. Es necesario recordarlo, sin rencores ni indulgencias.
Raúl Ricardo Alfonsín. “Memoria Política”, 2004.
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